Mi opinión acerca de la aguda visión de la revista ¨Semana¨ acerca del fenómeno del presidente Álvaro Uribe.
En la edición No 1351 de la revista Semana del presente año aparece en la portada un encabezado que, adornando una foto del presidente Uribe, dice lo siguiente: ¨TODOPODEROSO, la creciente influencia de Uribe en el congreso, las cortes, los medios y la opinión es un enorme desafío para la democracia colombiana.¨ A renglón seguido, pero ya dentro del cuerpo de la revista, se reseña en un artículo de 5 páginas las razones por las cuales está ocurriendo lo que el enunciado denuncia tan seriamente. Los editores del revista exponen sus argumentos con toda la sustentación del caso, tratando de ser lo más ecuánime posible para evitar acusaciones de sesgo político. La idea central del artículo gira en torno a la teoría de que, por culpa de la reelección inmediata, el presidente está acumulando un gran poder que le permitirá controlar de forma gradual, y de manera directa e indirecta, tanto los poderes del Estado como los organismos de control autónomos.
Son varios los pilares sobre los que la Revista Semana sustenta su aseveración, el primero de ellos se refiere a la popularidad del presidente, la cual ha ido aumentando hasta llegar al record de 82% según todas las encuestas habidas y por haber. Algo inédito en toda la historia republicana de Colombia. Ningún presidente había logrado algo así, y solo figuras emblemáticas como Gaitán y Galán pudieron hacerlo, pero contaron con la mala suerte de ser asesinados antes de llegar al poder (acordémonos que el propio presidente Uribe estuvo a punto de perder la vida en un atentado cuando era candidato para su primer periodo, en 2002) Para la revista Semana, este apoyo del pueblo le concede un poder contundente al primer mandatario, quien podría disponer de el como una “gruesa chequera política para girar a costa de su popularidad”
Pues, esto es apenas lógico. En un sistema democrático, el apoyo del pueblo es indispensable y en el reside la legitimidad de los actos del gobernante, quien es fue elegido por una mayoría que le deposita un mandato. No olvidemos la consigna de Tomas Jefferson, uno de los padres de la democracia norteamericana: “un gobierno para el pueblo, con el pueblo y por pueblo” Y pienso que el presidente Uribe ha venido cumpliendo este mandamiento, sino analicen los hechos: el pueblo quería recuperar la credibilidad de Colombia como país propicio para negocios, y ahí está la llegada de muchas empresas a territorio nacional; el pueblo quería acabar con las humillantes imágenes del Chaguan, donde los guerrilleros se paseaban tranquilamente con sus uniformes, fusiles y machetes como si fuesen redentores heroicos, y ya hemos visto que Uribe les ha negado darles despejes incondicionales; el pueblo quería seguridad para protegerse de las FARC, y ahí están los resultados de la política de seguridad democrática; el pueblo quería ver destruida a las FARC, o por lo menos reducida para someterse a un proceso de paz justo, ahí tenemos los golpes contundentes contra este grupo terrorista; el pueblo quería crecimiento económico, tenemos el 7% registrado hace pocos días; y por último, el pueblo quería un presidente honesto, frentero, entregado al trabajo y cercano a la gente. Claro, todavía el presidente tiene pendiente con sus electores la resolución definitiva del tema del desempleo que, si bien ha disminuido efectivamente, todavía tiene que hacerlo más para dar cabida a todos aquellos que aun no tienen trabajo. Los electores son consientes de lo difícil de esta misión, y por eso le siguen dando total respaldo al jefe de Estado. Así que no es difícil explicar su popularidad.
Hay otras características que distingue al presidente Uribe como lo son sus innegables dotes de estadista que le han permitido capotear las más difíciles situaciones, haciendo acopio a su extraordinaria capacidad para improvisar soluciones de acuerdo a las circunstancias. Un ejemplo reciente se dio a raíz de la elección de Samuel Moreno, del partido opositor PDA, como nuevo alcalde de Bogotá. Este había prometido durante la campaña un metro para la ciudad a pesar de que el gobierno central, en boca del ministro de hacienda, se oponía. Pero, al ver la decisión soberana del pueblo bogotano de pedir el metro a través de su alcalde electo, el presidente cambio súbitamente de parecer y rápidamente ayudo a gestionar los mecanismos pertinentes para garantizar a largo plazo la construcción de la obra. Otro mandatario, en vez de encarar el asunto con entereza, se habría sumergido en interminables “estudios” encargados a “expertos” y, finalmente después de varios años de indecisión presidencial, un ortodoxo ministro de hacienda habría “recomendado” no emprender una obra tan utópica. Ese es Uribe, ese es su talante y eso es lo que enerva a sus opositores.
“La tarea de los medios se puede ver matizada por la adjudicación del gran negocio de la TV privada” reza, de manera contundente en su artículo, la revista semana en alusión a una supuesta parcialización de la información por motivo de los negocios con el gobierno. Es decir, que toda la información periodística de los canales RCN y CARACOL va ser lacaya de Uribe porque este les prorrogará, aun costo presumiblemente bien negociado para ambas partes, la licencia para los próximos diez años. Pienso, sinceramente que esta es una afirmación exagerada que, de paso, le falta el respeto a los colegas periodistas de los mencionados canales. Es absolutamente normal que los medios negocien con el Estado el uso del espectro electromagnético y la adjudicación del espacio, es normal que negocien para encontrar un arreglo que satisfaga a ambas partes. Esto no quiere decir para nada que la información tenga que, en contrapartida, ser necesariamente afín al gobierno. Por mucho que negocien sus patrones con el presidente Uribe, estoy seguro que el periodista “Pirry” seguirá mostrando en sus documentales su abierta oposición al gobierno.
En todos los países democráticos, los medios informativos tienen todo el derecho a escoger su tendencia política, y no es obligatorio que tengan que ser necesariamente opositores al gobierno. Así, por ejemplo, el director del diario EL HERALDO, Dr Gustavo Lemus, es uribista; mientras que la línea editorial de la revista Semana no es uribista. Y la revista Cambio puede escoger ser partidaria o no del gobierno. La tendencia política de los periodistas es problema de ellos, no de Uribe. “…la Casa de Nariño tiene cada vez más cerca al cuarto poder, el de la información. Gran parte de la prensa escrita regional o la radial ha sido abiertamente uribista”, insiste Semana en un aparte de su artículo. ¿Y eso es culpa del presidente? ¿Algún funcionario oficial anda detrás de los dueños de los medios para que opinen a favor del gobierno? Si este hecho le parece tan grave al director de Semana y sus periodistas, entonces vayan de medio en medio y convenzan a sus colegas de que acojan una posición crítica hacia el presidente.
El hecho de que la mayoría de los medios importantes sean simpatizantes del gobierno, es algo que puede darse en cualquier democracia donde un mandatario sea eficiente en su labor, además de carismático y cercano al pueblo. Es algo que no se puede evitar y, para nada, tiene por que representar una amenaza a la democracia.
Otro punto tocado en el artículo es el de los empresarios. El crecimiento económico de la era Uribe los tiene conquistados, tanto que apoyan a su presidente hasta en “…coyunturas que pueden resultar costosas para ellos, como el lío diplomático con Venezuela”. Ahora me pregunto ¿Qué es lo preocupante aquí para la revista Semana? Por mi parte no veo nada de malo en esto. En el sistema capitalista los dueños de las empresas deben trabajar de la mano del gobierno, y este último, a su vez, debe hacer lo posible para que la actividad empresarial funcione, mueva la economía y por ende produzca más bienestar al país. Es perfectamente lógico que los empresarios colombianos apoyen al presidente, máxime si por fin rinden más utilidades después de la crisis de finales de los 90s. Así que no es raro que hayan estado del lado del ejecutivo en el reciente conflicto diplomático con el gobierno de Venezuela. ¿Qué tal, como insinúa Semana que debió haber ocurrido, los empresarios hayan protestado ante Uribe para presionarlo a arreglar las relaciones con Venezuela? Mal, mal porque eso le hubiese restado al primer mandatario legitimidad y peso para hablar con Chávez.
Ahora, pasemos a otro punto de discusión, u otro pilar sobre el que descansa la tesis de Semana: el congreso. Para la mencionada revista, el actual legislativo no puede ejercer contrapeso al ejecutivo, por poseer mayorías uribistas que se montaron por culpa expresa de la reelección inmediata. Si no hubiese habido reelección inmediata de Uribe, esto no estaría pasando. Esta percepción hay que matizarla, porque la razón por la cual el presidente tiene mayorías obedece a que su pasado en el partido liberal ha atraído a no pocos liberales que se quejaron de la crisis de su partido. Desde el escándalo del 8000, el partido de la bandera roja no había tenido la presidencia y padecía una crisis severa por falta de líderes capaces de gobernar y atraer a las masas. Por otro lado, el partido conservador padecía el mismo problema después de la presidencia de Pastrana. Entonces, las mayorías se deben más a las coyunturas políticas del momento (como la crisis de los partidos) que específicamente a la reelección inmediata. En todo caso, si el presidente no se hubiese presentado a la reelección inmediata y un delfín bien escogido siguiese sus pasos ¿Eso garantizaría que no hubiese mayorías uribistas en el congreso? Pues, no.
Ahora, con respecto a la para-política, la revista Semana tiene razón cuando dice que un senado donde el 20% de sus integrantes estén acusados de colaborar con grupos ilegales, está propenso a perder legitimidad. Pero eso no necesariamente quiere decir que se quede “sin mayores argumentos para hacer su labor de contrapeso (al ejecutivo)” Ya se ha visto que la oposición ha trabajado perfectamente a pesar del escándalo. Es más, su labor se debería facilitar por el hecho de que los colegas salpicados sean en su mayoría adeptos al gobierno.
Dejando atrás el asunto del congreso, quiero referirme al argumento esgrimido por Semana para afirmar que el presidente busca premeditadamente controlar los entes autónomos de control. No olvidemos que fue la misma constitución de 1991 la que propuso el sistema de ternas para escoger los funcionarios públicos, fue esa constitución la que dispuso que el ejecutivo podía enviar su propia terna. Si el presidente tiene esta facultad ¿No tiene derecho mandar una terna de la cual tenga el mejor conocimiento? Y si hay mayoría en el congreso ¿No es lógico que salga elegida la terna gobiernista? No será más bien, que los honorables constituyentes, en el año 1991 nunca imaginaron que existiría algún día un gobierno con tal mayoría en el congreso que podría en la práctica tener funcionarios de sus ternas presidiendo los entes autónomos? Para mí, y esto es una apreciación personal, el poder del presidente Uribe se ha acrecentado no por que el sea una persona antidemocrática que deteste el equilibrio de poderes (como lo insinúa el artículo de Semana) si no porque su gobierno a sido tan popular entre los diferentes entes públicos y privados, que ha podido usar todas las facultades que la constitución de 1991 le confirió. El mandatario no calculo el advenimiento de este fenómeno, pero, una vez lo vio encima supuso que detentando juiciosamente ese poder, en vez de evitarlo, era lo más conveniente para el pueblo.
Para los 7 millones de colombianos que votaron por Álvaro Uribe en las elecciones de 2006, no valen las complejas disertaciones y argumentos jurídicos que exponen todos los días los políticos opositores, y la academia, para tildarlo de autoritario. Para esa masa lo importante es que ha sido un presidente eficiente y entregado al trabajo. Un presidente que nunca ha tenido par en la historia del país y que era esperado hace tiempo por unos electores cansados de ejecutivos que no llenaban completamente sus aspiraciones.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Mi conclusión es que el presidente Uribe no buscó premeditadamente su poder, ya que fue su gestión la que generó el apoyo de la prensa escrita, los empresarios, la mayoría de los partidos políticos y una parte sustancial de la comunidad. La prensa le ha permitido hacer visible su gestión, los empresarios le han permitido aplicar las acciones necesarias para acelerar la economía, los partidos le han permitido hacer aprobar sus proyectos y colocar gente que considere competente en la dirección de los entes autónomos; y la popularidad le ha dado un gran margen de maniobra y gobernabilidad.
Uribe, impulsado por las mayorías legislativas, solamente ha usado a profundidad todas las atribuciones de la constución, lo cual no es una actitud ilegal y ni siquiera anti ética. Si la ley y las mayorías de su bancada le permiten colocar al presidente un fiscal general o unos magistrados de los cuales tiene las mejores referencias personales ¿Por qué no hacerlo? No se trata de manipularlos para beneficio propio, se trata de que al conocerlos sabe que van a actuar conforme al bien del país. ¿O es que la actitud del actual fiscal general, que fue funcionario del gobierno, no ha sido ecuánime? ¿Ha demostrado este fiscal parcialidad hacia el gobierno para el cual sirvió alguna vez? Así interpreto yo la actitud del gobierno, no como lo hace la revista Semana.
En cuanto a la reelección quiero hacer un comentario, aprovechando que la mencionaron en el artículo. Saliéndome u poco de la línea temática de este texto me reservo esta última reflexión: ¿Qué representa la reelección inmediata? ¿Una violación de las reglas de juego refrendadas en la constitución de 1991? No, la reelección sólo fue la consecuencia de una equivocación de la constituyente del 91. En ese entonces los constituyentes, tal vez siguiendo la tradición muy colombiana en obsesionarse en controlar el poder ejecutivo, prohibieron la reelección inmediata del presidente de la república, cuando en todas las naciones democráticas presidencialistas siempre se ha instaurado esta figura. Y ha sido así porque es absurdo pensar que un mandatario exitoso no tenga derecho a gobernar un tiempo más. Ejemplos hay muchos, y entre ellos podemos mostrar dos de la misma vecindad de Colombia: en Chile Ricardo Lagos (uno de los mejores presidentes que ha fungido en Latinoamérica) hizo dos periodos; y en Brasil, Lula, de buen desempeño, va por el segundo.
Entonces, la instauración de la reelección en Colombia no es un malabarismo autoritario, como lo pregonan los opositores del gobierno, sino, una corrección histórica a un error monumental cometido en la constitución de 1991. ¿Acaso los constituyentes nunca imaginaron que algún día existiría en Colombia, por vez primera, un gobierno eficiente y popular que revelara la necesidad de implantar la figura de la reelección?
